Los agentes y corredores inmobiliarios deberán informar datos de sus clientes y controlar cada una de las operaciones que estos realicen a los fines de detectar situaciones sospechosas de lavado de dinero o de financiación del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) obligará a los registros de embarcaciones y aeronaves, así como, a los que operen en la compraventa de dichos tipos de bienes, a reportar situaciones de lavado de activos y/o de financiación del terrorismo.

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En el marco de sus obligaciones frente a la prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo, la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció que las sociedades de capitalización y ahorro deberán presentar anualmente una declaración jurada. Similar obligación regirá para las asociaciones y fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.

Mediante Resolución 11-2012, la Unidad de Información Financiera (UIF) incorporó a este tipo de entidades, que realicen operaciones de crédito, como obligadas a reportar las operaciones sospechosas que realicen sus clientes, habituales u ocasionales, asociados o no. Además, mediante Resolución 12-2012, el INAES tendrá la misma obligación de controlar a aquellas entidades.

Entre las principales modificaciones, se encuentran la ampliación del plazo a 150 días para informar operaciones sospechosas y la adecuación del monto de activo a partir del cual deberán informar los auditores y sindicos societarios.

La Unidad de Información Financiera, presidida por José Sbatella, readecuó el régimen, aplicable para dichas actividades, a las recientes modificaciones introducidas a la Ley de Lavado de Activos.

Mediante ley Nº 26705, modificatoria del Código Penal, se dispone que la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, y no desde el día de la comisión del delito, como se establecía anteriormente.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará hoy la presentación del sitio web INFOJUS , del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del ministerio de Justicia, que permitirá el acceso libre y gratuito de los ciudadanos a más de 800 mil documentos jurídicos.

Vencido el plazo, el pasado 29 de julio, la Inspección General de Justicia publicó en el Boletín Oficial una extensa lista con las asociaciones y fundaciones que deberán presentar la Declaración Jurada de Actualización de Datos, si quieren evitar sanciones. En cambio, las sociedades extranjeras y comerciales tienen tiempo hasta fines de septiembre y noviembre, respectivamente.

En el siguiente cuadro se puede consultar el Proyecto de Ley sobre "Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales".

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