Mediante su creación, el Ministerio de Justicia está preparando los mecanismos necesarios para controlar la posesión de tierras por extranjeros.
Según la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial el Consejo Federal Registral (CoFeR) tendrá como principal objetivo "planificar, concertar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación y las Provincias, tendientes a fijar políticas comunes en materia servicios de publicidad registral".
La nueva resolución se emite en consonancia con el proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo con la finalidad de restringir el dominio u ocupación extranjera sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. A su vez, el proyecto prevé la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que requerirá la cooperación de las entidades de registro de cada provincia.
Teniendo en cuenta este proyecto, el Ministerio de Justicia decidió ir ganando tiempo en la creación de un Consejo Federal que permita a posteriori la conformación del Registro Nacional de Tierras Rurales. Entre los considerandos de la norma se enuncia que "es prioritario para el Estado Nacional contar con información actualizada y veraz sobre la situación dominial de los bienes inmuebles y sobre su explotación, en especial los que integran los recursos naturales estratégicos, para el desarrollo futuro de la Nación y sus habitantes".
El CoFeR estará integrado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien ejercerá la Presidencia del cuerpo, y los Ministros o funcionarios con competencias en el área de asuntos registrales de cada una de las provincias que hayan adherido a la resolución.
Entre los objetivos del CoFeR figuran:
- Proponer políticas y líneas de acción comunes en el área, que contemplen las problemáticas y particularidades regionales.
- Promover consensos y desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones.
- Propender al establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos ágiles, sencillos y económicos.
- Impulsar la innovación y el adelanto tecnológico en todas las jurisdicciones.
- Proponer estándares para la comunicación y el intercambio de información.
- Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.