Los agentes y corredores inmobiliarios deberán informar datos de sus clientes y controlar cada una de las operaciones que estos realicen a los fines de detectar situaciones sospechosas de lavado de dinero o de financiación del terrorismo.

La medida se dio a conocer mediante Resolución 16-2012 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial del pasado 27 de enero. La misma entró en vigencia el mismo día de su publicación.

Entre otras obligaciones, las inmobiliarias deberán definir políticas de prevención, tales como:

• La elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad.
• La designación de un Oficial de Cumplimiento.
• La implementación de auditorías periódicas.
• La capacitación del propio Sujeto Obligado o del personal si se encuentra constituido como persona jurídica.
• La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.
• La implementación de herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional del Sujeto Obligado, que permitan establecer de manera eficaz los sistemas de control y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
• La implementación de medidas que le permita al Sujeto Obligado consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes, así como herramientas tecnológicas tales como software, que posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.

Identificación del Cliente

Tal como se dispone en la norma, la política de “Conozca a su Cliente” será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo. Dicha relación debe basarse en el conocimiento de sus clientes, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución —según corresponda— con el propósito de evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

A esos efectos el agente inmobiliario observará lo siguiente:

1. Antes de iniciar la relación comercial o contractual con el cliente deberá identificarlo, cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente, verificar que no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF vigente en la materia, y solicitar información sobre los servicios y/o productos requeridos y los motivos de su elección, todo ello conforme lo establecido en la presente.
2. Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de $ 600.000 (en pesos), se deberá definir el perfil del cliente basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, que justifique el origen de los fondos involucrados en las operaciones que realiza.

Datos a requerir

Como se desprende de los párrafos anteriores, el agente inmobiliario deberá identificar a su cliente antes de realizar cualquier operación comercial. Los datos a requerir varian según la naturaleza jurídica del cliente, a saber:

En el caso de personas físicas o jurídicas cuyas operaciones superen los $ 600.000 anuales se deberá definir el perfil del cliente, tal como se explica en el punto 2 del apartado anterior.

Operaciones sospechosas

Los operadores inmobiliarios deberán reportar las operaciones sospechosas en forma electrónica en el sitio web de la Unidad de Información Financiera. El plazo máximo para cumplir con dicha obligación es de 150 días corridos para situaciones de lavado de activos y de 48 horas en casos de  terrorismo.

Según la norma, el "Reporte de Operaciones Sospechosas" deberá ser fundado y contener una descripción de las circunstancias por las cuales se considera que la operación detenta tal carácter.

Pero, ¿Cuáles son las situaciones que se deberán tener en cuenta a los fines de catalogar a una operación como sospechosa?

La Resolución enumera algunas situaciones a título enunciativo, tales como:

1. Montos inusualmente elevados.
2. Operaciones fraccionadas.
3. Negación del cliente a aportar documentación.
4. Inusual despreocupación del cliente a los riesgos y/o costos de las transacciones, incompatible con su perfil económico.
5. Operaciones con “paraísos fiscales”.
6. Clientes implicados en investigaciones o procesos judiciales por hechos que guardan relación con delitos de enriquecimiento ilícito y/o Lavado de Activos.
7. Cuando se abonen grandes sumas de dinero en cláusulas de penalización sin que exista una justificación lógica del incumplimiento contractual.
8. Precios excepcionalmente altos o bajos, con relación a los bienes objeto de la operación.
9. Operaciones de compraventa sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de 1 año, cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea igual o superior al 30% del importe declarado.
10. Contratos de alquiler a parientes o personas vinculadas, por un monto superior al nivel de alquileres común.

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